No es que ande yo clamando (que también) por que la derecha se reconvenga y deje de tirar coces contra todo lo que se menea, sea hombre, mujer o pájaro, siempre que pueda perjudicar los destinos patrios ahora que andan en manos del PSOE. No es eso.
Es que se ha presentado en sociedad el proyecto de la nueva Ley de Educación y este país vuelve a tener la oportunidad de lograr un Pacto de Estado en torno al asunto de más importancia que, en la práctica, se puede debatir.
El proyecto ya está en manos de los grupos parlamentarios y de las grandes asociaciones de madres y padres de alumnos que, como era de esperar, lo han recibido con desigual aplauso.
Un poco de memoria: Desde 1970 hasta nuestros días, se han sucedido SIETE leyes, que hubieran podido ser ocho si la llegada de Zapatero al poder en 2004 no hubiera abortado la entrada en vigor de la que en 2002 redactó el Gobierno de Aznar. La última vez que el Estado estuvo a punto de lograr un Pacto Educativo que conformase a todos los sectores implicados y terminara con el desconcierto en las aulas que produce la volatilidad de esta regulación, fue de la mano del ministro Gabilondo (Ángel) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pacto que De Cospedal (María Dolores) recientemente fulminada de las filas populares por un quítame-allá-esas-conversaciones con el tal Villarejo, se encargó de dinamitar. No lo hizo fracasar por la mala calidad del texto o del acuerdo, sino porque la cercanía de las elecciones de 2011 hicieron aconsejable no darle aquella baza a las izquierdas con tal de no poner en riesgo la mayoría absoluta que finalmente obtuvo el Partido Popular. La educación, lo que se dice la educación, a esta señora (y al partido en cuyo nombre actuaba) le importaba un huevo.
Para demostrarlo, apareció el ministro Wert, el nefasto Wert que, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, impuso a la comunidad educativa una de las leyes que más contestación han provocado en la historia de España. Tan tan tan mala, que a estas alturas todavía no ha habido acuerdo para implantarla del todo y tiene algunas prescripciones no incorporadas a la praxis académica, tales como las reválidas, por poner un ejemplo.
Ahora, la ministra Celaá lanza un nuevo proyecto de ley orgánica que quita la Religión de las aulas, incorpora la Educación para la Ciudadanía (con un nombre más moderno), ordena los criterios de admisión en los centros, homologa los currículos para que el final de la enseñanza obligatoria converja en la misma titulación académica. Una apuesta para revertir los recortes que introdujo el PP, por la educación pública, por la no discriminación y la igualdad en el acceso a los centros, por el papel de la comunidad educativa incluso en la elección de los directores.
Ciudadanos ya ha dicho que es un insulto a la inteligencia (como si todos fueran hijos de la mismísma ‘Ley Wert’. Podemos, de momento, o no sabe o no contesta. Y el PP debe estar acopiando todo tipo de armamento, mejor cuanto más pesado, para preservar la insultante intromisión de la Iglesia en las escuelas, para proteger la cuenta de resultados de los muchos negocios educativos que florecieron al amparo de su regulación, para asegurar que sus hijos y solo sus hijos tengan acceso a esa instrucción de calidad que permitirá que continúen ocupando el lugar de preeminencia que ellos y solo ellos deben jugar en la economía, en las finanzas, en la industria, en la gran empresa, en la Administración, en la sociedad.
Un país en el que el fracaso escolar está cifrado en el 30% del alumnado, o sea, en el que uno de cada tres niños está repitiendo curso o simplemente se la ha pegado, no se puede permitir el lujo de que los partidos políticos se llamen a andanas cuando se planea la negociación de un pacto por la educación. Sacar la Religión de las aulas (al menos convertirla en no obligatoria y no evaluable) no puede enfurecer a la CONCAPA por muy católicos que sean, olvidando que nos encontramos en un país aconfesional; imponer la asignatura de Valores Éticos en un mundo en el que la violencia machista se cobra tantas víctimas, no puede volver loca a la derecha; la recuperación de principios como el de igualdad, el de no segregación, el de democratización de los centros, no se puede discutir sin ruborizarse. Pero, sobre todo, negarse a un acuerdo para no darle ‘puntos’ al partido que lo propone, aunque este sea el PSOE, es un lujo que este país nuestro no se puede permitir.
Una ley educativa por gobierno, ni es la manera, ni hay país que lo soporte sin sufrir las consecuencias desastrosas que en el nuestro padecemos.
Más allá de lo que está pasando en la Justicia, que no es manco, más allá de las grabaciones de Villarejo, más allá de la oportunidad electoral de ganar dos puntos porcentuales en la intención de voto, la obligación de los partidos políticos es alcanzar un acuerdo que ponga la Educación donde tiene que estar, que es, en mi opinión, por encima de todo.
Suerte, ministra Celaá. Necesitamos mucho que la tenga.
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