El Consejo

Nunca deja de sorprenderme la derecha.

Uno cree haber llegado al tope de su capacidad de asombro cuando tiene noticia de la última sandez de Isabel Díaz Ayuso, pero siempre hay un nuevo asunto capaz de epatar esa mente que ya creyó curada de espantos.

Por partes.

Un juez es un juez, del mismo modo que una jueza es una jueza. No le pasa nada más. Es un señor o una señora que ha superado una oposición dura y un curso en la Escuela Judicial igualmente exigente. Ya está. No está investido de ninguna cualidad áulica, ni tiene otra capacidad de causar estado (sentar cátedra, para entendernos) que la que la de fallar en aquellos asuntos que ventila en única o última instancia, puesto que incluso sus demás sentencias se revisan por órganos superiores que pueden hasta estar residenciados fuera del territorio nacional. Un servidor público que, como todos los servidores públicos, presta un enorme servicio al Estado. En este caso imparte justicia. La Justicia emana del pueblo, ni de Dios, ni de la corte celestial, de ningún poder extraterreno que se inocule por arte de magia en los juzgadores. Emana del pueblo. Y se administra en nombre del rey. Ya está. Esto último es más bien retórico, pues no está el rey pendiente de las miles de sentencias que se pronuncian al día, ni esto se le permitiría puesto que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. Así es como lo manda la Constitución española en su artículo 117, aunque esta precisión no añada mucho al razonamiento.

Se puede inferir de aquí que el hecho de que el rey asista o no a la entrega de los títulos de la promoción de cada año (a los que pomposamente llamamos ‘despachos’ porque los viste muchísimo más) añade muy poca cosa a la condición de juez o jueza de quienes se estrenan en la carrera. Reflexionaremos más tarde sobre esto.

El órgano de gobierno de los jueces se llama Consejo General del Poder Judicial. Está presidido por el que lo es del Tribunal Supremo. Es un órgano de gobierno, no tiene funciones jurisdiccionales, pero acuerda los ascensos de los miembros de la judicatura y asigna todos sus puestos de relevancia (unos por sí mismo y otros mediante propuesta al Consejo de Ministros), con lo que, por decirlo de alguna manera, manda bastante. Lo integran 20 miembros, además del presidente, 12 de la carrera judicial y 8 entre juristas de reconocido prestigio, todos ellos con más de 15 años de experiencia en su ejercicio profesional.  De los 20, 10 los elige el Congreso y 10 el Senado, siempre por mayoría de 3/5 de cada cámara, esto es con el voto de 210 diputados y de 159 de los 265 senadores que en esta XIV legislatura componen la Cámara Alta. La duración de su mandato es de 5 años. Al presidente lo elige este mismo órgano, hoy en día Carlos Lesmes. Adviértase que resulta escandaloso que la actual fiscal General del Estado (un nombramiento cuya competencia recae directamente en el Gobierno pues el Ministerio Fiscal depende jerárquicamente del de Justicia) haya sido ministra del PSOE, pero que a nadie sin embargo extraña que el presidente del Tribunal Supremo haya ejercido durante casi 9 años, 9, como director general en gobiernos de Aznar y activo colaborador de FAES. Para ministro, por lo que se ve, no llegó a darle.

Como es de comprender, en los tiempos que corren ningún partido acopia en sus filas ese ingente número de escaños, por lo que las renovaciones del Consejo (así parecieron quererlo los padres de la Constitución) se vienen acordando mediante arduas negociaciones entre los principales partidos. Suerte tiene la derecha que, cuando cuando está en el poder, el PSOE se aviene a negociar y el Consejo se renueva, mas cuando es al PP al que le toca pactar desde la oposición, se niega con las excusas más extravagantes y, oh prodigio, se mantiene la composición que se obtuvo en la última renovación, casualmente, de mayoría conservadora.

No iba a ser menos el PP de Casado, por supuesto.  Y así, el Consejo General caducado que se designó en los primeros tiempos de Rajoy (2013), continúa su mandato en funciones desde 2018, no ya pagando la luz de la sede y la nómina de sus empleados, esto es, limitando su ejercicio a las cuestiones de administración ordinaria, sino tomando las decisiones de mayor calado, designando puestos que se mantienen hasta la jubilación, como las más altas magistraturas del Tribunal Supremo, ajenos, a lo que se ve, a su condición de órgano ya carente de la legitimidad con la que fue nombrado, pues está solo pendiente para su renovación de que el sentido de Estado (vana ilusión) se apodere de la mente obstruida del presidente popular.

Pues bien, decide el Gobierno de España que no debe el rey asistir a la entrega de despachos de los nuevos jueces.

Aquí otro inciso: los actos del rey son refrendados por el Gobierno. Siempre. El rey es constitucionalmente irresponsable. De sus actos son responsables las personas que los refrendan, lo que quiere decir que carece de autonomía para decidir por sí mismo, porque ¿en qué democracia estaríamos si alguien que no responde de sus actos los pudiera decidir libremente? Quiero decir con esto que el rey no tiene capacidad (y menos mal) para decidir lo que hace y lo que no hace como jefe del Estado. Es el Gobierno. Y esto es así desde que la Constitución reguló sus funciones, con independencia del color del Gobierno de turno. Aclarado queda: es al Gobierno al que le toca decidir si el rey va o no a un acto en el que actúa como jefe del Estado. Nadie le cuestiona, por ejemplo, si debe asistir o no al cumpleaños de sus sobrinos, pero su agenda como jefe del Estado, la marca el Gobierno.

Continuamos. Decide el Gobierno de España, decía, que no debe el rey asistir a la entrega de despachos de los nuevos jueces ¡y se lía la de Dios es Cristo! El presidente del Consejo General de Poder Judicial (de cuya independencia, como se ha dicho, nadie duda), ajeno (como también se ha dicho) a su condición de cesante, clama a lo más grande en su discurso olvidando por completo a qué poder representa y cuáles son sus límites respecto de las competencias de lo demás y, lo que es más pintoresco, el buen Casado y sus portavoces hablan y hablan de la falta de respeto que el poder ejecutivo muestra con el judicial, como si el bloqueo que ellos mismos producen desde el legislativo a su normal funcionamiento fuera una simple cuestión de trámite sin más valor. Llamaremos a eso cinismo en estado puro.

A mí, en concreto (como se puede comprender), me importa un huevo que el rey esté o no presente en tan emotivo acto (imagino que los papás y mamás de sus señorías harán lo suficiente para convertirlo en inolvidable). Pero me enorgullece que el jefe del Estado no legitime con su presencia en él la barbaridad, la extorsión a la democracia, que el Partido Popular comete, a sabiendas, negándose a cumplir con su mandato constitucional, con tal de mantener fraudulentamente en el Consejo esa mayoría que permite a los conservadores quitar y poner presidentes de Sala o de tribunales superiores de Justicia. Que luego Felipe VI telefonee a Carlos Lesmes y este lo cuente o que un magistrado ‘de la cuerda’ entone un vivo ¡viva el rey! al finalizar el acto… pues mire usted que se diría que todo el mundo se ve con la valentía de echar pulsos al Gobierno (este sí, legítimo) de España. ¡Cosas!

                       Sus señorías, to tristes

No se alarmen, señorías. Si han de pedir audiencia en Zarzuela, que sea para amortizar el outfit adquirido para la ocasión. Son ustedes tan jueces, tan juezas, como las que más. Si algo debe molestarles (y de esto no les he oído hablar) es la obstrucción infame a la justicia que se hace desde las Cortes Generales por la irresponsabilidad del principal partido de la oposición. Lo de que el rey esté o no presente para darles el título, en serio, lo mismo da.

El dibujo es de mi hermana Maripepa

El campo de Moria

José Ignacio Gorigolzarri ha dormido bien. Ayer, al llegar a casa tenía preparada una cena frugal a base de verduritas y lomo de merluza. Se embutió en su batín corto de seda y repasó en el iPad Air los números de la fusión de los dos grandes bancos. Son tan buenos que le da lo mismo que, realmente, parezca más una absorción que una fusión entre iguales.

Gonzalo Gortázar es más de chándal y cena algo más fuerte. El mozo de comedor, bajo la atenta mirada de su mayordomo, dejó en el camarín su acostumbrado zumo de pomelo con unas virutas de jamón ibérico que le preparan en la cocina. Será el banco más grande de España, el décimo de toda Europa. Así que esta mañana, cuando bajaba a la cancha de pádel de casa, sabía que su selecto grupo de amigos le estaría esperando y le felicitaría.

Gorigolzarri ya había dicho que lo de los veinte mil millones del rescate no era un préstamo, sino una inversión que el Estado había hecho a Bankia para no dejar caer el sistema financiero y que, si el Estado se los había dado, no tenía él por qué estar preocupado en devolverlos. Tal es la cara dura que se gastan los grandes banqueros, estaba pensando Díaz, Fernández Díaz, que –como de broma– por la noche se había probado un traje de rayas para ver qué tal le sentaba el look carcelario que, a buen seguro, habría de lucir no tardando demasiado.

Impidiendo que el diablo acabe con España

Corrupción, en realidad, es lo de los ERE de Andalucía. No entendía anoche Fernández Díaz a que tanto jaleo por haber mandado a un par de polis o tres a birlarle algunos papeles al Bárcenas ese que lo único que quería era hacer daño a sus amigos. Además, ya le había dicho el papa Benedicto que la Virgen no iba a permitir que el diablo acabara con España y, ¿qué estaba haciendo él sino ayudando a la Virgen para que el diablo no acabara con la verdadera España que es, quién lo duda, la que habitan sus amigos? Apenas cenó, Asunción estaba algo preocupada, pero se ha levantado temprano y ha agradecido a Dios nuestro Señor los dones que le rodean, apoyado en el reclinatorio de la alcoba, mientras la doncella le preparaba el descafeinado con galletitas holandesas que gusta para el desayuno.

De la otra Díaz, Díaz Ayuso, no tenemos noticia de si ha conciliado o no el sueño. Las suites de los hoteles céntricos protegen muy bien de los sinsabores de la jornada, pero es que a esta pobre le crecen los sinsabores por las esquinas. Se le levantan los consejeros, se le amontonan los bichos de SARS-CoV-2 por los barrios pobres, y el cabrón de Sánchez no la mira bien, seguro que porque alguien le habrá ido con cuentos sobre su gestión de la cosa de la pandemia. Pero el servicio de habitaciones le ha traído esta mañana unos muffins muy de su gusto y un Cola-Cao bien caliente que le ha dado la fuerza suficiente para levantarse a tiempo de misa de doce.

Pablo Iglesias seguro que ha dormido bien. Sortear asuntos judiciales se ha convertido en un deporte más divertido que el pádel para la familia Iglesias-Montero, para la familia ‘podemita’ en realidad. Y se les da de maravilla. El casoplón de la sierra está caliente. Después de misa vendrán un ratito los de los escraches a dar por culo, pero la pareja ha preparado tostadas para desayunar y todo huele al pan horneado y a la leche de los bebés.

Mujtaba y Raissa, sin embargo, no han dormido. Como el campamento de refugiados en el que se hacinaban en la isla de Lesbos, Grecia, salió ardiendo el otro día y las autoridades aún no han decidiendo qué hacer con las 13.000 almas que se han quedado sin tienda de campaña donde guarecerse, se han pasado la noche al sereno cuidando de que sus tres niños la pasaran lo más abrigados posible, porque septiembre no es ya tan amable y los críos tenían frío. Desayunar no han desayunado: no había nada para desayunar para ningún afgano, para ningún sirio, para ningún iraquí del campamento. Algo apañarán, siempre se acaba encontrando algo que comer.

Mujtaba no sabe que cuando se quemó la catedral de París hace poco más de un año, el planeta se estremeció y cientos de corporaciones de todo el mundo comprometieron inmediatamente donaciones multimillonarias para resolver el desastre que había supuesto para la humanidad una pérdida de tal naturaleza. Ignora la diferencia entre la catedral de Notre Dame y el campo de Moria. Pero yo si la sé. Y las grandes corporaciones también: Un campo de refugiados que alberga a 13.000 personas no importa nada. Lo que importa este domingo es la fusión de aquellos dos grandes bancos, la seguridad de que la Virgen María no va a permitir que Fernández Díaz pierda un solo latido por haber defendido a España del Diablo y, en lo tocante a los fuegos, que lo que arda no sean las catedrales a las que las almas pías acuden las fiestas de guardar después del desayuno a rogar por los refugiados del campo de Moria.

Y así va nuestra mañana este domingo destemplado de septiembre. Sorteando la covid-19 los unos, felices por no tener que coger hoy el metro en el que un día u otro la van a pillar y los otros rumbo a la horita de pádel de cada semana, con sus pensamientos en reposo para acopiar las energías que precisarán la semana que entra. Los otros, aun hay otros, ni siquiera saben que es domingo, porque el campo de refugiados donde se hacinaban salió ardiendo el otro día y, entre misa y misa, las autoridades todavía no se han puesto de acuerdo en qué tienen que hacer con ellos.

España, sin ir más lejos, no se ha comprometido a esta hora a acoger a uno solo. A lo mejor Sánchez también está en misa.

El dibujo es de mi hermana Maripepa.

La regla del gasto

El Congreso de los Diputados revolcó esta semana un Real Decreto Ley con el que el Gobierno de España pretendía la abominación de conseguir liquidez para hacer frente a las consecuencias nefastas de la crisis económica y social que ha provocado la pandemia de covid-19.

Otra vez gustando; pero ahora feliz

Chico, ¡qué fiestón! Diputados y diputadas de las bancadas de la derecha según se mira, se abrazaban con lágrimas en los ojos, aplaudían, se felicitaban. Gestos de victoria: ¡así se vota! Era como si hubieran conseguido convertir Madrid en villa olímpica después del discurso en inglés de Ana Botella, algo sublime, irrepetible, de consecuencias invaluables. Lo habían conseguido.

- ¿Qué?

- ¡Detener la depravación!

- ¿Cuál?

- Una.

- ¿La del caso Kitchen?

- No.

- Entonces otra.

Lo intento explicar y usted me perdona el coñazo: Una ley de 2012, de autoría del entonces ministro Montoro, intentó por todos los medios contener el gasto público para evitar el temido déficit que se había generado en todas las esferas de la Administración Pública como consecuencia de la crisis que se padecía. Se llamó cariñosamente Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Está vigente.

Piénsese que estábamos en plena crisis financiera y que la caída monumental de los ingresos que se habían presupuestado, hacía que las entradas de dinero no alcanzaran ni con mucho a cubrir los gastos que, previendo  esos ingresos que nunca llegaron, se habían comprometido. Más o menos a esto se le llama déficit público (dicho sea sin ninguna intención de rigor científico).

Aquella ley estableció para contenerlo (el déficit) dos limitaciones principales: Por una parte, las administraciones no se podrían gastar en un ejercicio más dinero que el que se habían gastado durante el pasado, incrementado con el porcentaje previsto de crecimiento del producto interior bruto para ese año, esto es, lo del año pasado más el dos y pico por ciento o así, según las variaciones del índice en cuestión. A esto llamó la ‘regla del gasto’. Por la otra, prohibió que lo gastado pudiera superar lo ingresado en el período y llamó a esto ‘estabilidad financiera’.

Lo que parece de una lógica aplastante y, seguramente dio resultado durante algunos años, se convirtió para los ayuntamientos de España (que ni mucho menos habían sido los causantes del enorme déficit público en el que se incurrió en aquellos tiempos) en una trampa mortal: recaudaran lo que recaudasen no podían superar la regla del gasto. Tuvieran los ahorros que tuvieran no podían emplear más dinero del recaudado: los ahorros se quedaban inactivos y los ciudadanos no podían experimentar mejora alguna en los servicios que percibían.

Y así está hoy el patio.

El abominable Real Decreto Ley del que la derecha española (y más gente) nos ha librado revolcando su convalidación en el Congreso, establecía el siguiente mecanismo:

Un ayuntamiento con ahorros (superávit, remanentes de tesorería) que no se puede gastar y que voluntariamente acepta la fórmula, se los presta al Estado para ayudarle a financiar lo que se le viene encima.

El Estado, en el mismo momento, compromete al Ayuntamiento el retorno del 35% de ese dinero para que se lo pueda gastar durante 2020 y 2021. Y a partir del año 2022, empieza a devolverle en diez anualidades la totalidad de lo que le ha prestado, a razón del 10% anual, con la posibilidad de gastarlo sin que compute, ni en regla de gasto, ni en estabilidad financiera. Esto es, el municipio le presta 1.000.000 de euros que no podía gastarse, el Estado le devuelve 1.350.000 (350.000 ya, y un millón más en diez años), que sí se puede gastar. (No sé qué operación financiera daría este rédito al dinero de nadie en estas condiciones. A lo mejor no la hay).

A esto es a lo que el PP estaba llamando extorsión, latrocinio, anatema, atentado contra la autonomía municipal (como si no lo hubiera sido la limitación al gasto local impuesta por aquel buen Montoro).

Llamamos a esto mentir.

Tumbar este mecanismo es lo que ha supuesto a la derecha española la paz y relax que sucede al orgasmo, una hemorragia de satisfacción indescriptible. Han vencido: los ayuntamientos de España seguirán sin poder gastarse el dinero que tienen ahorrado y sus vecinos (¡gracias, Dios mío!) seguirán sin beneficiarse de inversiones que podrían mejorar su calidad de vida y que tantísimo bien podrían hacer a las economías de esa España vaciada de la que tanto se cacarea en proteger.

¡Felicidades, amigo Casado! El PP lo ha vuelto a conseguir. Ha hecho usted bueno, diez años después, aquel desdichado aserto de aquél desdichado Montoro que después fue ministro de hacienda de su formación: “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”.

Usted, señor Casado, no va a levantar nada. Usted no es digno de representar a sus votantes. Usted no puede liderar una formación política. Usted no merece llamarse político. Usted persigue el mal de los demás en beneficio propio. Y los demás, amigo Casado, los demás… somos todos nosotros.

El dibujo es de mi hermana Maripepa

El síndrome de Peter Pan

Pablo Casado sigue ensayando posturas delante del espejo, en busca de una que guste a sus mentores y
agrade, así mismo, a su electorado.

Siempre me ha sorprendido que se pueda medir en años luz la distancia ideológica que separa al PP del PSOE. Como no se puede juzgar al PSOE de ser un partido ni mucho menos radical (qué más quisiéramos algunos de sus militantes que sentirlo un pelín más a la izquierda) o, por decirlo más claro, estando el PSOE más bien centradito, el hecho de que la distancia con el PP sea de tal magnitud hace sospechar que la posición de este último esté mucho más a la derecha de lo que pretenden aparentar.

Con todo, ambos son partidos de Gobierno y, con mayor o menor fortuna, ambos han lidiado con tal responsabilidad.

Se dice de una democracia que es ‘madura’ cuando el partido que aspira al Gobierno ya ha tenido ocasión de gobernar.  

Se debe suponer que, una vez que ha ejercido tareas de gobierno, un partido queda libre de las veleidades que suelen acompañar a quienes nunca se dieron de bruces con la espesa gestión de los presupuestos del Estado, una huelga general, la negociación con las eléctricas o la siempre incómoda fabricación, compra y venta de armamento a terceros países. Esta experiencia es la que hace madurar a una organización política desde el simple populismo a la condición de partido ‘de Gobierno’, que es ese que ya sabe cómo se las gasta el IBEX’35 o el lobby de las farmacéuticas y, por ende, dice menos tonterías en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

Este ‘poso’ trasciende, o debería trascender, de la persona concreta del líder que ocasionalmente comanda la formación aspirante. Es el partido (aunque nadie sepa bien bien lo que es)  el que acopia la experiencia, el que se enriquece con ese conocimiento que lo convierte con mayúsculas, como decíamos, en partido de Gobierno.

Por otra parte, se sabe que las tareas de gobierno están muy por encima de la ideología del grupo que asume la responsabilidad. Por eso Aristóteles, que debía ser un señor muy listo, definió la política ‘como el arte de lo posible’. Porque una cosa será lo que tu ideología te predispongan a hacer realidad y otra bien distinta lo que la realidad misma te permita finalmente llevar a cabo. Y este postulado no solo alcanza a las tareas de Gobierno. Alcanza a la política, a toda la política. De ahí la importancia de que el partido que aspira a gobernar tenga ya experiencia en estos menesteres: haya adquirido la madurez que otorga el ejercicio de la tarea. Se convierte así el sistema político que rige en un país en una democracia madura.

Dicho todo esto, me pregunto  ¿qué coño le pasa al Partido Popular, que no ha aprendido nada? Han tenido ocasión de gobernar España en dos amplios períodos e, independientemente del juicio que hagamos de su gestión (el mío no lo explico porque es palmario), lo han hecho con todas las de la ley, con armas y bagaje, con todos los resortes a su disposición, con mayoría absoluta, incluso, en una ocasión. Dos presidentes, decenas de ministros algunos de los cuales siguen en libertad, cientos de altos cargos. Su experiencia trasciende lo estatal: han estado y están en multitud de comunidades autónomas, importantísimos ayuntamientos… Y ¿todavía no saben de las obligaciones que la política confiere al primer partido de la oposición?

Un partido de Gobierno ¿puede negarse a la renovación de los órganos constitucionales so pretexto de que mientras Unidas Podemos esté en coalición no hay negociación posible? ¿Se creen de verdad los dueños de la política? ¿Creen que, por encima de la voluntad soberana de los electores, son ellos los que deciden con quién se gobierna y con quién no? Esa estrategia de ‘cuanto peor mejor’ que tanto perjudica a la convivencia entre españoles ¿creen de verdad que su puede mantener gratuita, universal y permanentemente? ¿En todo? ¿Contra todo?

La irresponsabilidad de Pablo Casado como líder del primer partido de la oposición, heredada, sin duda, de sus antecesores en gobiernos del PP, tiene que tener consecuencias políticas.

Ese síndrome de Peter Pan (‘conjunto de características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias de la edad adulta, no pudiendo desarrollar los roles de padre, pareja, etcétera,  que se esperan según su ciclo vital o desarrollo personal’, de acuerdo con la definición del psicólogo norteamericano Dan Kiley) ha llevado a su formación a lindezas como negar su apoyo al Gobierno de España para contener la pandemia de covid-19 (con las consecuencias que estamos viviendo), bombardear la consecución de fondos en Europa para paliar las implicaciones de la brutal crisis económica que viene de su mano, alimentar la confrontación con comunidades autónomas tan importantes como la de Madrid, torpedear cualquier iniciativa de acuerdo de reconstrucción nacional y, ahora, a bloquear la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, para la que se requiere un consenso parlamentario al que el PP se niega en rotundo.

¿Por qué? Se me antoja responder que porque el Partido Popular aún no ha asumido que a veces las urnas lo ponen en el Gobierno y a veces no. Y que no se puede ser demócrata solo cuando es que sí. Entiendo que en un régimen democrático se puede ser de izquierdas o de derechas, pero es obligatorio ser demócrata y eso exige ciertas responsabilidades. No es una cuestión de estilos. Es una simple cuestión de madurez.

No vamos a querer recordar este otoño. El Partido Popular no va a permitir un segundo de respiro, va a entorpecer, a torpedear, a dificultar, a joder, talmete como si la cosa no fuera con ellos, como si el bien común perjudicara sus intereses. Y es agotador.

La irresponsabilidad de Pablo Casado como líder del primer partido de la oposición, insisto, tiene que tener consecuencias políticas. Y solo espero que las tenga.

El dibujo es de mi hermana Maripepa.