La sobreactuación sistemática a la que la clase política nos tiene acostumbrados hace que la aparición de la sentencia de los ERE produzca el efecto amplificado de exigir la inmediata dimisión de Pedro Sánchez, la de la ministra de Hacienda, los concejales de empleo de todo el territorio nacional y la de cualquier alto cargo del Partido Socialista que hubiera cumplido los once años cuando la tropelía que se juzga y se condena empezó a tener lugar.
Ayuda a esta exigencia de dimisiones en tropel la desgraciada aparición del secretario de Organización del partido y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, afirmando sin enrojecer que la cosa no tiene nada que ver con el PSOE, porque los consejeros y presidentes condenados ya purgaron su responsabilidad política entregando el carné al mismo aparecer como imputados (hoy investigados) en el sumario que, nada sumariamente, inició en su día la jueza Alaya.
Tan absurdo es intentar desligar del PSOE la práctica torticera de entregar subvenciones a diestro y siniestro a través de un procedimiento evidentemente irregular que se impuso en la Junta de Andalucía durante años de gobiernos socialistas, como hacer carnaza de la sentencia y exigir que arrastre a personajes de la vida pública actual que nada tienen que ver con lo sucedido, ni nada, por ende, tienen que pagar por ello.
El colmo del absurdo es la intención del Partido Popular de poner en paralelo esta situación con la que provocó la moción de censura que dio al traste con el Gobierno de Rajoy. Aquel Gobierno estaba sustentado por un partido que había sido declarado ‘organización criminal’ por la célebre sentencia de la Gürtel que, entre otras lindezas, declaraba en sus ‘hechos probados’ que se había financiado sostenidamente de manera irregular.
Cuando un tipo se va de putas con dinero público (o sea, de todos) aparentemente destinado a subvencionar entidades con dudoso derecho a subvención, va a la cárcel y ya está. Igualmente, o así parece, si diseñó un procedimiento para conceder las ayudas, carente de los necesarios controles administrativos que determinasen, sin lugar a dudas, el derecho de sus destinatarios al percibo de las cantidades que se otorgaron.
La Administración andaluza estuvo durante muchos años aquejada del mal del clientelismo político y sus responsables, con toda justicia, han sido condenados por idear, por mantener, por beneficiarse directa o indirectamente de esta manera delictiva de proceder. Es corrupción y no vale alegar que ninguno de los actores corruptos (excepto el que se iba de putas y se enfarlopaba hasta las trancas) se benefició en persona de tal práctica, aunque sirva a los condenados para ir a la cárcel con la conciencia más tranquila.
Corrupción.
Ya le costó el Gobierno en su momento al PSOE de González, al PP que Rajoy heredó de Aznar. Ya enturbió la gestión de los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia, Madrid… Ahora el de Andalucía paga las consecuencias (que ya pagó en las urnas) de la gestión deleznable de las ayudas públicas. Corrupción.
Poco a poco, sin embargo, las cosas van quedando en su lugar. La Administración de Justicia española, lenta pero por lo visto inexorablemente, va tomando cartas en los asuntos y va colocando en su sitio, que es la cárcel, a las personas que (provengan de donde provengan y esto incluye la Casa Real) se aprovechan de las instituciones con unos u otros fines, ya sean el enriquecimiento personal o la perpetuación de sus organizaciones en el poder. Y esa ‘paz jurídica’ nos trae tranquilidad y nos debe devolver la confianza porque, si a la inoperancia demostrada, sumamos la corrupción probada, la confianza en las instituciones es insostenible.
El Tribunal Supremo confirmará o suavizará las penas y, claro, el asunto volverá a las portadas de los diarios. Pero la cosa está juzgada y los actores condenados con bastante severidad. ‘Paz jurídica’.
Avancemos ahora. El momento es más que complejo y la responsabilidad inmensa. Avancemos. Avancemos.
Unidas Podemos (o a lo mejor no tanto) ha perdido 7. Los justos para fundirse con Sánchez en un abrazo profundo, sentido, de compromiso, a corazón abierto. De esos que solo se dan en los entierros cuando el finado era persona de bien y sufrió mucho al morir. Una necesidad histórica. Nada menos.
El mundo que nos sigue no se parece a este en nada, en serio. El adoquín que Albert Rivera exhibió en el debate de los candidatos a las elecciones que se están celebrando hoy, solo nos ha arrancado una sonrisa de compasión a usted y a mí. La generación que nos va a relevar no tiene ni puta idea de qué hacía ese señor con una piedra tan grande en la tele, ni ha empleado un solo minuto de su tiempo en averiguarlo. Ellos hablan de árboles de habilidades, de haters, de gamers, de hacer quick scope o de burstear, de la curva de aprendizaje, de filtrados anistrópicos, de avatares, de bindear del cel Shading de kilombear o wardear. Se debaten entre LoL, Fornite, Destiny 2, o Gears of War 4. Viven en la Red: ahí se comunican, trabajan, se enamoran, se informan y manejan su dinero; hablan lenguas universales, son inmunes a las religiones, a los telediarios, a la unicidad o plurinacionalidad de España; ignoran las fronteras…
No está en los programas electorales. El domingo que viene iremos a votar por ver si tenemos suerte y la aritmética parlamentaria permite cuatro años sin hablar de Abascal. No vamos a elegir nada más que eso ni, por cuarta vez consecutiva, haremos más análisis ni más esfuerzo intelectual que el de intentar quitarnos