La sobreactuación sistemática a la que la clase política nos tiene acostumbrados hace que la aparición de la sentencia de los ERE produzca el efecto amplificado de exigir la inmediata dimisión de Pedro Sánchez, la de la ministra de Hacienda, los concejales de empleo de todo el territorio nacional y la de cualquier alto cargo del Partido Socialista que hubiera cumplido los once años cuando la tropelía que se juzga y se condena empezó a tener lugar.
Ayuda a esta exigencia de dimisiones en tropel la desgraciada aparición del secretario de Organización del partido y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, afirmando sin enrojecer que la cosa no tiene nada que ver con el PSOE, porque los consejeros y presidentes condenados ya purgaron su responsabilidad política entregando el carné al mismo aparecer como imputados (hoy investigados) en el sumario que, nada sumariamente, inició en su día la jueza Alaya.
Tan absurdo es intentar desligar del PSOE la práctica torticera de entregar subvenciones a diestro y siniestro a través de un procedimiento evidentemente irregular que se impuso en la Junta de Andalucía durante años de gobiernos socialistas, como hacer carnaza de la sentencia y exigir que arrastre a personajes de la vida pública actual que nada tienen que ver con lo sucedido, ni nada, por ende, tienen que pagar por ello.
El colmo del absurdo es la intención del Partido Popular de poner en paralelo esta situación con la que provocó la moción de censura que dio al traste con el Gobierno de Rajoy. Aquel Gobierno estaba sustentado por un partido que había sido declarado ‘organización criminal’ por la célebre sentencia de la Gürtel que, entre otras lindezas, declaraba en sus ‘hechos probados’ que se había financiado sostenidamente de manera irregular.
Cuando un tipo se va de putas con dinero público (o sea, de todos) aparentemente destinado a subvencionar entidades con dudoso derecho a subvención, va a la cárcel y ya está. Igualmente, o así parece, si diseñó un procedimiento para conceder las ayudas, carente de los necesarios controles administrativos que determinasen, sin lugar a dudas, el derecho de sus destinatarios al percibo de las cantidades que se otorgaron.
La Administración andaluza estuvo durante muchos años aquejada del mal del clientelismo político y sus responsables, con toda justicia, han sido condenados por idear, por mantener, por beneficiarse directa o indirectamente de esta manera delictiva de proceder. Es corrupción y no vale alegar que ninguno de los actores corruptos (excepto el que se iba de putas y se enfarlopaba hasta las trancas) se benefició en persona de tal práctica, aunque sirva a los condenados para ir a la cárcel con la conciencia más tranquila.
Corrupción.
Ya le costó el Gobierno en su momento al PSOE de González, al PP que Rajoy heredó de Aznar. Ya enturbió la gestión de los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia, Madrid… Ahora el de Andalucía paga las consecuencias (que ya pagó en las urnas) de la gestión deleznable de las ayudas públicas. Corrupción.
Poco a poco, sin embargo, las cosas van quedando en su lugar. La Administración de Justicia española, lenta pero por lo visto inexorablemente, va tomando cartas en los asuntos y va colocando en su sitio, que es la cárcel, a las personas que (provengan de donde provengan y esto incluye la Casa Real) se aprovechan de las instituciones con unos u otros fines, ya sean el enriquecimiento personal o la perpetuación de sus organizaciones en el poder. Y esa ‘paz jurídica’ nos trae tranquilidad y nos debe devolver la confianza porque, si a la inoperancia demostrada, sumamos la corrupción probada, la confianza en las instituciones es insostenible.
El Tribunal Supremo confirmará o suavizará las penas y, claro, el asunto volverá a las portadas de los diarios. Pero la cosa está juzgada y los actores condenados con bastante severidad. ‘Paz jurídica’.
Avancemos ahora. El momento es más que complejo y la responsabilidad inmensa. Avancemos. Avancemos.
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