El proceloso mundo de la todopoderosa industria farmacéutica, sus reglas y el método empleado para negociar el precio de medicamentos y productos sanitarios con los estados está, de habitual, vetado al conocimiento del común de los mortales.
Hablamos del área de la salud pública en la que los gobiernos del mundo tienen la menor capacidad de decisión, puesto que tanto los fármacos como el resto de productos sanitarios, se tienen que adquirir necesariamente a la industria. Esta es la que fija el precio de base de cada producto que se pretende introducir en el mercado sanitario y, desde ese momento hasta que se autoriza su comercialización y se fija su precio final intervienen, atención: la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos y la Agencia Española del Medicamento con la colaboración de una red de expertos independientes, todos los cuales se someten, además, al control del sistema de precios de referencia que rige en nuestro país.
¿Esto le parece un lío? Pues continúo: para lograr el número final, esto es, el PVP, se mide la utilidad terapéutica del fármaco, su grado de innovación, la gravedad, duración y secuelas de las patologías para las que se va a prescribir, las necesidades de los colectivos específicos que las padecen, el beneficio clínico en cuanto al coste-efectividad, la racionalización del gasto público, el impacto presupuestario y la comparación de los parámetros anteriores con otras medicinas ya existentes en el mercado.
Al final, dinero.
Pero no es para menos, porque España, a través de los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas, gastó en el año 2018 casi 23.000 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios.
Si todo esto pone los pelos de punta (me refiero al pingüe negocio que las farmacéuticas tienen entre las manos, del que los estados del mundo son cautivos y que rozará en el año 2020 el billón y medio de dólares), la cosa se pone especialmente cabrona cuando se trata de los medicamentos que tratan patologías consideradas como ‘enfermedades raras’. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes. Aquí no hay dirección general, comisión interministerial, ni grupo de expertos independientes que dé con la solución del precio. ¿Por qué? Sencillo: los afectados son muy pocos, se venderán pocas unidades, no salen las cuentas del I+D necesario para dar con los compuestos salvo imponiendo un precio desorbitado.
Sentado por este razonamiento el hecho de que el acceso de la población a los medicamentos necesarios para que su vida tenga cierta duración o cierta calidad, tiene que ver con la cuenta de resultados de las industrias del ramo y no con otro tipo de motivaciones de orden humanitario, social, ¡sanitario! o ético, analizamos ahora el estrambote que ha puesto en marcha la farmacéutica Novartis para publicitar su ‘Zolgensma’.
Novartis es la número 7 en el ranquin de las 10 compañías más importantes del mundo en el sector. Vendió en 2017 medicamentos por valor de 33.000 millones de dólares y declaró beneficios en 2019 por 7.000 millones. Ha inventado esa ‘terapia génica’ denominada Zolgensma, que actúa contra la atrofia muscular espinal (AME), enfermedad muscular rara degenerativa que, para entendernos, va atrofiando los músculos del cuerpo hasta provocar la muerte. Afecta a uno de cada 11.000 niños.
Novartis ha fijado el precio de la dosis del medicamento (solo es necesaria una para sanar del mal) en 2,1 millones de dólares (el más caro del mundo). Solo en Estados Unidos está aprobado el tratamiento.
¿Cómo lo hacemos? Los sistemas públicos sanitarios de los estados entran en valoraciones. Llegan los departamentos ministeriales, los comités, las direcciones generales, los expertos, las comisiones mixtas… y 2,1 millones de dólares por dosis.
¿Que cómo lo hacemos? Pues… ¡por sorteo!
Novartis ha decidido que cien bebés de los países donde aún no está aprobada la terapia (todos menos uno) se salven gratis. Y sorteará durante 2020 cien dosis de la cosa para que sea el azar el que decida quién vive y quién muere. El hijo o la hija de quién vive, la de quién muere.
Y ahora los bioeticistas se vuelven locos y se inicia el gran debate: ¿debe ser la suerte la que determine quién vive y quién muere de esta atrofia muscular, cuando la cura está ya inventada por el hombre pero no se puede fabricar porque no resulta económicamente rentable sino a precios impagables?
Y yo, que no soy bioeticista (ni muchísimo menos), con menos autoridad y sin pleno conocimiento de los complejos mecanismos que mueven los mercados, me digo para mí ¡serán hijos de puta!
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