domingo, noviembre 15, 2020

Comunicar. Comunicarnos

 

Como ya se nos ha olvidado la “ley mordaza”, nos escandalizamos gravísimamente por el Procedimiento de actuación contra la desinformación (en adelante el Procedimiento), aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre y publicado por la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre.

No paro de preguntarme cuál habría sido mi reacción si el Procedimiento en cuestión hubiera sido aprobado por un Consejo de Seguridad Nacional comandado por un recto presidente del Partido Popular, o sea, por un Gobierno como Dios manda, en lugar de por este Gobierno social-comunista-narco-bolivariano y proetarra, encumbrado a la Moncloa, entre otros, con mi voto. Me preguntaba si hubiera sido la misma que ante la puesta en marcha del conjunto de medidas que bautizamos cariñosamente como “ley mordaza”, esto es, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que conllevaba también una reforma del Código Penal y de la Ley Antiyihadista. Baste recordar que cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas criticaron esta “ley mordaza” porque, a su entender, “puede cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos”, y exhortaron a su retirada.

Alarmado por la violenta crítica que la noticia provocó por parte de asociaciones de prensa, medios de comunicación y redes sociales, y por la airada reacción de la oposición política, que coloca la medida en la senda hacia la dictadura populista emprendida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, me puse manos a la obra: me empollé el texto.

Un censor de aquellos en todo lo suyo

Y no. No está pasando nada. En realidad no está pasando absolutamente nada, pues el Procedimiento (que sigue rigurosamente las indicaciones que sobre el particular ha hecho la Unión Europea) ni siquiera incorpora una medida sancionadora concreta que poder aplicar a medios, personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que pongan en marcha campañas de desinformación. No hay censores, ni perseguidores, ni patíbulo para los mentirosos. No hay cierre de medios de comunicación (como otras veces), ni secuestro de ediciones (como otras veces). El Procedimiento no faculta a ningún órgano de la Administración para dictar sentencias, ni siquiera resoluciones administrativas, no suplanta competencias de otros poderes del Estado…

Articula, esto sí, un método escrupuloso de detección de estas campañas de desinformación (que tantísimo daño hacen) y crea un órgano para este propósito, la Comisión permanente contra la desinformación, dirigido por el que lo es del Departamento de Seguridad Nacional (un general de brigada) y coordinado por la secretaría de Estado de Comunicación (que seguramente no es el órgano más adecuado).

A quien tenga la tentación de sospechar que esto nos conduce a una dictadura, solo habrá que recordarle cómo actuaba la Censura en los tiempos de la dictadura de verdad para disuadirle de tales pensamientos porque, óigame, le aseguro que no se parece en nada.

Hablamos de información, de la tóxica y de la veraz. Del daño que hacen las campañas de desinformación y de cómo desactivarlas. De comunicar para manipular o para protegernos de la manipulación: hablemos de cómo de hacerlo, hablemos tranquila y responsablemente.

Molaría. Pero no vamos a poder. El Gobierno Leviatán PSOE-Podemos (por concentrar en una sola imagen el comunismo-narcobolivarianismo-proetarrismo) también quiere impedirlo con la reforma de la ley Wert que la ministra Celaá ha puesto en marcha y que ha superado su primer trámite parlamentario.

Nos referiremos en más ocasiones a este proyecto de ley y a las barbaridades que, como nos tiene acostumbrados, va cantando la derecha española sobre sus maldades demoníacas. Pero interesa a este asunto de la comunicación la desaparición que el proyecto promueve del concepto ‘lengua vehicular’: ya no hay.

La segunda acepción del diccionario de la RAE (la primea se ocupa de eso que le sacamos al tipo que nos cae mal cuando se da media vuelta), define la lengua como ‘Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura’.

Un nutrido grupo de españoles biempensantes ha lanzado contra esta abolición de la ‘lengua vehicular’ las maldiciones más incendiarias, acusando al Gobierno de atacar al castellano, como si de su defensa  dependiera, una vez más, la salvación de la patria de las manos de Satán; como si el hecho de que los catalanes hablen catalán o gallego los gallegos trajera aparejado el anatema.

Comunicar, comunicarnos, comunidades humanas. Educar en la comunicación. El primer político al que se le ocurrió la brillante idea de utilizar las lenguas como arma arrojadiza debería arder eternamente en el octavo círculo del infierno, en el que se castiga, según Dante, a los consejeros fraudulentos, ‘que andan revestidos en una llama que los abrasa’.

Con las lenguas no se debería jugar. Con la palabra no se debería jugar. Las lenguas, como el habla, como la norma que las ordena, no son de los gobiernos, sino de la gente. No hay lenguas vehiculares. Y si nuestro país es, además de en aceite, rico en lenguas ¿cómo no quererlas todas, atesorarlas, producirlas? Se diría que a la derecha española le aterra que, como el diablo, España hable todas sus lenguas y trata así de concentrarlas en una grande, sola, santa y libre.

¿Por qué hemos asumido que la verdadera lengua vehicular del mundo sea el inglés y que pase por un sintecho cualquiera que no lo domine  y nos ponemos de las uñas porque los euskaldunes quieran hablar el euskera? ¿Por qué no dejamos en paz a las comunidades humanas a las que la RAE se refiere y dejamos que cada una utilice libremente la lengua que habla? ¿No es suficiente que la norma que ha de regir la educación en España garantice que ‘al finalizarse la educación básica los estudiantes tengan un “dominio pleno” del castellano’?

Hable usted la lengua que le de la real gana. Comuníquese conmigo de forma que los dos podamos entendernos. Disfrute de la inmensa riqueza literaria escrita en todas las que hay en España. Aprenda inglés si a mano viene, por si las moscas. Y no diga muchas mentiras hable la que hable. Si las dice, procure que no se hagan ‘virales’… la Comisión permanente contra la desinformación le podría regañar.

El dibujo es de mi hermana Maripepa

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